Por el Congreso de los Diputados se pasean no pocas reformas legislativas que en ocasiones parecen parecer de la vocación de permanencia que inspira la definición jurídica tradicional de LEY.
Una de ellas es la proposición de Ley efectuada por CIU y que tiene por finalidad la creación de un "orden jurisdiccional de familia".
Por desgracia tal petición no viene solo de un lego en derecho sino que se fundamenta y justifica en peregrinas argumentaciones (cuanto menos cuestionables) referibles a que estamos a cuestiones de naturaleza pública y no privada, sobre la intervención necesaria del Ministerio Fiscal, o el derecho de todo ciudadano a contar con un juzgado especializado en la cuestión con los correspondientes servicios de apoyo en todas y cada una de las localidades de España.
Hacía mucho que no reabría el blog pero ver algo tan aberrante como esta propuesta me obliga a gritar mi opinión a las 4 redes.
El derecho de familia tiene una naturaleza pública. Afirmación contundente y sin paliativos, radical y que unos parlamentarios tienen intención que se convierta en frase vinculante como expresión de la voluntad popular. Pues yo discrepo.
Ciertamente la dualidad entre la naturaleza pública y privada del derecho es algo que a lo largo de las últimas décadas se ha ido diluyendo (y más que irá) introduciéndose elemento de autonomía de la voluntad en ámbitos meramente públicos como el derecho penal y contando con factores públicos en el orden privado por definición, el civil. Cosa que por cierto no inventan ahora los miembros de CIU sino que forma parte ya de la más honda tradición jurídica, veamos sino las zonas grises de los cuasicontratos.
En cualquier caso dotar al ámbito de familia de una naturaleza totalmente pública y segregarlo del derecho civil general (concepto que a su vez habría que cuestionarse según esta ley) es cuanto menos una decisión de política general que merecería el estudio y la aportación de doctrina y operadores jurídicos entre otras cosas porque estaríamos dando entrada a un replanteamiento absoluto de los principios, de los criterios interpretativos y de los propios límites de la actuación de los poderes públicos.
En otras palabras, si todo lo que tiene que ver con familia afecta directamente a la esfera del derecho público podríamos encontrarnos con una fiscalización absoluta del Estado a través del Ministerio de nuestra esfera familiar, de nuestra propia casa, de lo que ocurre en nuestros dormitorios y salones. Digo yo, que algo de privado, algo de aspecto individual, un poco de esfera "familiar", un resto de comunidad ligada por lazos de parentesco más allá de fronteras políticas o administrativas tiene que haber en todo esto.
El concepto de derecho público o privado es sin duda cambiante pero no cometamos la impertinencia de querer ser un salvapatrias desleido venido de un lugar de la Mancha para combatir aniquiladores gigantes cuando lo que tenemos en frente es una cuestión de mala organización, falta de presupuesto y carencia absoluta de voluntad política por mejorar la justicia. Algo de lo que por cierto las reiteradas legislaturas de gobierno de CIU en Catalunya, algo tendrán de culpa.
Si ya es obligado pensar un poquito antes de poner un pensamiento en papel más debería serlo cuando dicho negro sobre blanco puede pasar a ser ley.
Pero lamentablemente, la gratuita afirmación sobre la naturaleza del derecho de familia no es la única cuestión alarmantemente redactada en la proposición. Se rechaza abiertamente la especialización de los juzgados y tribunales con un cierto tono despectivo que como jurista lleva a plantearme una duda: ¿por qué solo un orden jurisdiccional de familia? ¿Por qué no otro para obligaciones? ¿por qué no otro para contratos? ¿por qué no otro para derechos de la personas?
O mejor aún porque no tiramos por el retrete la tradición jurídica de nuestro país, nos olvidamos del derecho romano y del germánico, quemamos todas las ediciones del Code civile napoleónico y destrozamos cualquier resto de las Partidas.
Que no quede hoja, papiro, libro o documento escrito en ningún lado que nos hable de la necesidad de CODIFICAR, de dotar de unidad y estabilidad a la norma, de la necesidad de dar seguridad jurídica al pueblo ciudadano para que deje de ser vasallo. Borremos de nuestra mente la vocación de permanencia de la ley, la reflexión de la creación intelectual por el intercambio de ideas a través del debate, y recuperemos el mercantilismo radical del compadreo de votos a cambio tierras, diezmos y peajes (curioso tan lejos no andamos hablando de catalunya), recuperemos la sombria edad medieval.
Nunca fui partidario de impartir latín y griego en las escuelas, cuestionaba el caracter troncal del derecho romano en primero de facultad. Otras cuestiones como el derecho marítimo, el mercado internacional, el derecho humanitario no tenía sitio en las aulas y me parecían más que interesantes.
El tiempo ha pasado y veo alarmado como la incultura, la mediocridad y la carencia de un proyecto que vaya más allá de lo personal, de la vanagloria indivual, cada vez gana más espacio a la defensa de LO PUBLICO, del trabajo por el colectivo. Y esto señores, es especialmente grave cuando quien no da la talla está elegido para gobernarnos. ¿A quién estamos aupando al poder? ¿A los mejores o a los más trepas? ¿A los que aportan ideas, proyecto y evolución o a los que no han querido aceptar que no siempre se tiene razón y son capaces de defender que es de noche a plena luz del sol?
Mal camino.
Se me olvida un dato (no tanto por la vena jurista que me ha salido) sino por la de funcionario de justicia. El proyecto dice literalmente: "En la actualidad se vive una situación perversa y contraria a los principios constitucionales de igualdad y tutela judicial efectiva porque hay lugares donde existen juzgados de familia y otros donde no estan creados (...)"
Señores diputados de CIU, Ilustrisimas señorías del Congreso, la desigualdad y la vulneración a los principios constitucionales que vertebran la justicia no opera ni se soluciona con la creación de un orden jurisdiccional, ni si me apuran con la creación de decenas de juzgados especializados.
Si quieren una tutela judicial efectiva, igual en todo el territorio estatal, empiecen por creerselo, por crear juzgados nuevos en lugar de transformar otros ya existentes (esto en mi tierra es cambiar de nombre al gato para llamarlo perro, pero ni ladrará ni dejará de perseguir ratones).
Empiecen por borrar de sus ordenadores los mil y un sistemas operativos y dotarnos de uno solo, en red y operativo en todo el estado. Y ya que estamos den cuentas de los gastos que ha supuesto la contratación e instalacion de los arcontes, minerva, atlantes y mil gaitas más, todos iguales pero con la sufiente diferencia como para que la empresa que los hace facture 17 veces el mismo trabajo. Que huevos señorías!!
Quieren Justicia de calidad y con respuesta agil al ciudadano: adelante, creen puestos de trabajo tan necesarios en estos tiempos de crisis y adecuen las plantillas (por cierto algun dia podrían sentarse y convertirlas en RPTS) a la carga real de trabajo.
Quieren que no haya diferencias de trato según donde viva el usuario de la justicia. Perfecto, tal vez deberían plantearse como es posible que dos partidos judiciales limitrofes puedan tener diferencias salariales entre su personal de cientos de euros por el mero hecho de pertenecer a CC.AA. diferentes.
Ilustrísimas señorías, realmente desean avanzar en Justicia social? Bien, revisemos la totalidad de puestos públicos sin cubrir, tanto funcionarios como laborales y ofertemoslos a la ciudadanía para dotar de estabilidad a tantos juzgados que lo necesitan.
Ilustrísimas señorías, grupo parlmentario de CIU, dejen de hacer brindis al sol y aprovechen el verano para leer más, repasar un poco y dejar de lado a Maquiavelo.
Compañeros blogeros, si no somos capaces de debatir, de intercambiar ideas sin miedo a equivocarnos, con la mente abierta a aceptar la opinión del otro, si no recuperamos la pasión por aprender, el respeto por la formación y la cultura, si olvidamos el humanismo entre el pragmatismo con que nos inunda el Kapital, antes o despues moriremos ahoganos en nuestra sinrazón.
Imponer leyes, vencer con mayorías sin convencer es sinónimo de desastre y perdición.
PD: si me resulta aberrante ver lo que hacen con el mundo del derecho, no me quiero imaginar que estarán haciendo en materias en las que no tengo ni idea como la microeconomía y la hacienda pública. Gran país, en demasiadas ocasiones con indignos prohombres.
